El juez Juan Carlos Checkley falló a favor de la presidenta y determinó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá interrogar a los analistas que descartan desbalance patrimonial antes de decidir una denuncia constitucional.
Por: Favia Horna (14/02/25)
El Poder Judicial acogió el pedido de la defensa de la presidenta Dina Boluarte y ordenó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, interrogue a los peritos de la Contraloría General de la República que realizaron el informe sobre sus declaraciones juradas. La fiscalía había rechazado esta diligencia, argumentando que corresponde a una etapa posterior, pero el juez Juan Carlos Checkley consideró que es una prueba clave en la investigación preliminar.
Según la resolución judicial, la declaración de los analistas de la Contraloría es “pertinente, útil y necesaria” para evaluar si existen indicios suficientes para presentar una denuncia constitucional contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. El informe técnico en cuestión concluye que no hay indicios de un incremento patrimonial injustificado en las cuentas de la mandataria.
La defensa de Boluarte busca que este informe sea tomado en cuenta para desacreditar el peritaje fiscal, que señala depósitos bancarios de origen desconocido por S/58.000. Con esta decisión judicial, la fiscalía deberá incluir la versión de la Contraloría antes de remitir el caso al Congreso.
