El abogado del IDL, defensor de familias de fallecidos en las protestas, cuestiona el manejo de los derechos humanos en el gobierno de Boluarte y su confrontación con el sistema judicial.
Por: Gabriel Echevarría (17/02/2025)
Carlos Rivera Paz, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), advierte que la relación entre el gobierno de Dina Boluarte y el sistema de justicia es de confrontación abierta. Considera que Boluarte, además de estar implicada en violaciones a los derechos humanos por la represión en las protestas de 2022 y 2023, enfrenta múltiples investigaciones por corrupción. Para él, su estrategia ha sido politizar el sistema judicial y alinearse con el fujimorismo, debilitando las instituciones encargadas de fiscalizarla.
Sobre la represión en las protestas, Rivera sostiene que hubo un patrón de omisión y permisividad desde el Ejecutivo, lo que demostraría su responsabilidad directa. Explica que, a diferencia de otros gobiernos, Boluarte no tomó medidas para detener los asesinatos, a pesar de recibir información en tiempo real sobre los hechos. Afirma que el Ministerio Público ha acumulado pruebas suficientes para formular una denuncia constitucional en su contra.
En cuanto al futuro de los derechos humanos en el país, el abogado señala que el próximo gobierno enfrentará el reto de revertir el deterioro institucional heredado. Considera que Boluarte ha profundizado una agenda negacionista, influenciada por el fujimorismo, que ha puesto en riesgo principios fundamentales. Además, advierte que las elecciones de 2026 podrían estar marcadas por discursos políticos que busquen justificar o minimizar las violaciones a los derechos humanos.
La entrevista completa la puedes encontrar en La República.
